Ni hombres trajeados con maletín, ni conversaciones entre susurros, ni demasiadas puertas cerradas. En las oficinas de Political Intelligence en Madrid no hay nada que huela a misterio. El visitante llega a un amplio hall, pregunta por la persona indicada y una amable recepcionista le indica que espere en un despacho. Pero los profesionales que allí trabajan se dedican a una actividad un tanto atípica en nuestro país. Sonlobbistas profesionales. Su trabajo consiste esencialmente en influir en los legisladores para que aprueben leyes que sean favorables -o al menos no contrarias- a los intereses de sus clientes.
Nada que no ocurra en el resto del mundo. Es más, la presencia de los lobbies es sensiblemente mayor en otros países. En Washington
y Bruselas, capitales mundiales del cabildeo, miles de profesionales del lobby desfilan a diario por el Capitolio y las instituciones comunitarias para ‘ganarse’ a congresistas, eurodiputados o comisarios de la Unión Europea. Madrid está a años luz. Lo que aquí se ventila tiene un alcance mucho más pequeño, y ello se traduce en un menor número de estos expertos en la persuasión. Son pocos, pero actúan igual que sus colegas en el extranjero: se reúnen con diputados, altos funcionarios y miembros del Gobierno para transmitirles las preocupaciones de sus clientes (empresas de todo tipo, colectivos profesionales, sindicatos, ONG…). No obstante, existe un hecho diferencial respecto a Washington, Bruselas y otros países europeos. En España la actividad dellobby no está regulada, por lo que las relaciones entre poder económico y político son más opacas.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que aglutina a 50 de estos especialistas, estima que en nuestro país operan alrededor de 300 lobbistas. Su presidenta, María Rosa Rotondo, forma parte de la plantilla de Political Intelligence
y es partidaria de una regulación. Javier Valiente, de la misma empresa, coincide con ella: “Debería haber un registro de lobbies obligatorio en el Congreso y un código de conducta. Quien no lo cumpla, no accede a la Cámara”, opina. Para dar ejemplo, APRI ha suscrito el código existente en la UE, que básicamente les compromete a no falsear datos, declarar el interés que defienden y a quién representan, y no tratar de obtener información de forma deshonesta.
Transparencia sí, pero para todos
Ambos aseguran que el actual limbo jurídico les perjudica. “Cuanto mayores son las barreras en el acceso a la información, más problemas tenemos para realizar nuestro trabajo”. Un trabajo que es visto con recelo por buena parte de la opinión pública. Ellos intentan desmitificarlo. “Básicamente supone muchas horas de oficina, investigación del proceso legislativo, búsqueda de información, análisis y traslado de mensajes al legislador”, explican. Javier cree que “esa imagen negativa se debe a nuestra falta de cultura democrática. En los países anglosajones la representación de distintos intereses ante el Gobierno es más natural. Aquí se desconoce qué es ellobby y cuál es su función”.
Helen Darbishire, directora de Access Info -organización dedicada a promover el derecho de acceso a la información pública- lo dice alto y claro: “En España no sabemos quién está entrando en el Congreso y en los ministerios para reunirse con diputados y ministros”. En teoría, la futura Ley de Transparencia, anunciada en marzo de 2012, iba a revertir
esta situación. Pero el último borrador presentado en el Congreso nada dice sobre esta cuestión. Si no hay cambios de última hora, los lobbies continuarán en su limbo. El último intento de regulación fue la proposición no de ley que el grupo Izquierda Plural presentó en febrero de 2012 para la creación de un registro de lobbies en el Congreso. El PP la tumbó con su mayoría absoluta.
La diputada Laia Ortiz (ICV), que fue la ponente de aquella propuesta, afirma: “La gente tiene derecho a saber con quién nos reunimos y para qué. El hecho de que una multinacional llame al presidente del Gobierno y eso acabe modificando una ley supone una gran desigualdad de poder respecto a los ciudadanos”. Helen apunta en la misma línea: “Si las grandes empresas presionan al Gobierno, los ciudadanos tienen derecho a saberlo”. Pero matiza: “No estamos en contra del lobby. Es legítimo que diferentes grupos de interés de la sociedad interactúen con los políticos para debatir cualquier legislación. Cuanto mayor sea el debate, mejores serán las decisiones adoptadas”. Por eso hace hincapié en la necesidad de “hacer más transparente el sistema. Es increíble que las agendas de los ministros y de los diputados sean secretas. No se sabe qué están haciendo ni con quién, ni se conoce con antelación de qué van a debatir”.
En este punto los lobbistas coinciden con ella. En el despacho de Political Intelligence, María Rosa y Javier insisten en la exigencia de “transparencia en doble sentido”. No sólo para ellos, también para los legisladores y el proceso legislativo en su conjunto. Los dos miran con envidia al Parlamento británico, mucho más abierto. “Allí cada ley tiene un microsite con información sobre los ponentes, el calendario, las comparecencias previstas, etc.”. Pero no dan la batalla por perdida, sobre todo después de que Mariano Rajoy anunciase su interés por regular los lobbies en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Helen es escéptica. El anuncio de la nueva Ley de Transparencia fue aplaudido por las organizaciones que denunciaban que España es el único país de la UE con más de un millón de habitantes sin una norma que proteja el derecho de acceso a la información pública.
Pero el proyecto ha decepcionado. Lo más peligroso, según Helen, es el artículo 15. “Excluye tantas cosas que no queda claro que se pueda acceder a toda la información relativa a los poderes legislativo y judicial”. Y no hay ni una sola mención a la actividad de los grupos de presión.
¿Cómo se explica que a estas alturas no tengamos ninguna normativa sobre transparencia ylobbies? Helen es rotunda: “Falta voluntad política”. La diputada Laia Ortiz señala también nuestra herencia histórica.”Tenemos una democracia joven y somos herederos de una dictadura en la que se regulaba arbitrariamente y en función de los intereses de unos pocos”. Simplemente tenemos que andar el camino que otros ya han andado.
Lo cierto es que el PP es reticente a regular la actividad de los lobbies. También se ha negado a hacer declaraciones a Esquire sobre este asunto, algo un tanto contradictorio cuando se trata de informar sobre una Ley de Transparencia. ¿Es un tema demasiado espinoso?
“Las grandes empresas siempre tienen contactos con la clase política, especialmente con los partidos mayoritarios”, declara Laia. Ella misma reconoce haber recibido a representantes del sector energético pero, al no estar en posición de mayoría parlamentaria, las presiones son menores. La diputada no se anda con rodeos: “Los lobbies más poderosos en España, eléctricas, constructoras y sector financiero, han dejado una huella muy negativa en algunas legislaciones”. Y pone varios ejemplos: Ley Hipotecaria, reforma laboral, amnistía fiscal, ‘tarifazo’ eléctrico…
‘Revolving doors’
Es difícil entender la maraña de intereses e intercambios de favores que hay detrás, pero a la ciudadanía no se le escapa la tendencia de nuestros políticos a practicar el denominado ‘revolving doors‘, consistente en pasar del sector público al privado, y viceversa, casi siempre para salir ganando en poder o en cuenta corriente. Rodrigo Rato es un caso paradigmático. Tras el desaguisado de Bankia, ha sido ‘fichado’ por Telefónica, la empresa que privatizó cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Aznar. Éste, tras abandonar La Moncloa, se convirtió en asesor de Endesa. En las filas socialistas, el propio Felipe González, ahora consejero de Gas Natural, es un buen ejemplo. Más recientemente, Jordi Sevilla, Elena Salgado y Pedro Solbes se han convertido en asesores y/o consejeros de PricewaterHouse, Endesa yBarclays, respectivamente. Del actual Ejecutivo popular se ha llegado a decir que es un Gobierno con los lobbies dentro. El titular de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero deInstalaza, antiguo fabricante de bombas racimo en España; Luis de Guindos, al frente de Economía, fue un alto ejecutivo de Lehman Brothers, el banco de inversión cuya quiebra en 2008 espoleó la crisis económica mundial; y Cristóbal Montoro, que dirige el Ministerio de Hacienda, trabajó previamente en Equipo Económico, donde asesoraba fiscalmente a empresas para reducir legalmente sus pagos al fisco.
¿Hacen lobby todos estos políticos? Probablemente, pero juegan en otra liga. Desde luego María Rosa Rotondo no los incluye en esos 300 lobbistas profesionales que APRI calcula que hay en España. Empezando por los sueldos, las diferencias son evidentes, máxime cuando aquí esta profesión aún no ha despegado como en otros países. “En el extranjero, alguien con 10 años de experiencia puede ganar fácilmente 100.000 euros anuales. Nosotros estamos por debajo de esa cifra”, explica. Y dado que el acceso a los que juegan en esa otra liga resulta más complicado, la pregunta incómoda es para los dos lobbistas de Political Intelligence: ¿Es legítimo defender todo tipo de intereses, aunque vayan en contra del interés general? “Si es legal, todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses”, esgrime Javier. ¿Y si se plantea un dilema moral? Él lo compara con el periodista que escribe en un medio contrario a sus convicciones. “Mientras no haya conflicto legal, cada uno decide”. María Rosa asegura que en once años de experiencia jamás le ha ocurrido. Pero los dos reconocen que les podría pasar y tendrían que elegir.
Con normas o sin ellas, el lobby es consustancial al sistema democrático. Aquel que tenga capacidad y recursos suficientes siempre tratará de hacerse oír en los círculos de poder. Entonces, ¿frenaría una buena regulación los casos en los que esta actividad deriva en abuso de poder o tráfico de influencias? “No. Por encima de todo tiene que primar la integridad del legislador. Pero además tiene que haber luz y taquígrafos”, resume María Rosa en el luminoso despacho de Political Intelligence.
El ‘lobby ciudadano’ gana terreno
La crisis económica y el consiguiente descontento social propician el fenómeno del ‘lobby ciudadano’. Con Internet como aliado, organizaciones como Avaaz, oiga.me o Change.orghan irrumpido para canalizar las demandas de los ciudadanos y trasladarlas a los centros de poder. El objetivo siempre es el mismo: crecer en número para ganar en capacidad de influencia. Lo que hace Avaaz, que cuenta con 17 millones de afiliados en todo el mundo, son lobbiesorganizados por ciudadanos de la calle a través de Internet, reuniones en barrios o asambleas populares”, explica Luis Morago, director de campañas de la organización. Se trata de contrarrestar la “terrible desigualdad respecto a la gente con poder económico, que tienen acceso -aunque oculto y opaco- a los que toman las decisiones, se sientan a comer con ellos, les transmiten sus mensajes y les coaccionan. Nosotros debemos aprender a hacer lobby, pero vamos a pecho descubierto”. Y algo ya han aprendido: “Es básico escoger el momento, lanzar el mensaje clave y utilizar
la estrategia adecuada para lograr impacto”, declara Luis.
Artículo de Mónica Lara de Vigo, publicado en el número de abril de 2013 de la revista Esquire, también disponible aquí.
