El pasado mes se cerró el plazo de audiencia pública para enviar observaciones acerca del Anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado que presentó el Ministerio de Economía en línea con las reformas planteadas en su estrategia de política económica, la cual ya analizamos en esta sección. Una vez estudiadas las aportaciones e incorporadas las modificaciones que considere oportunas, el Gobierno remitirá el texto como Proyecto de Ley a las Cortes Generales, donde continuará su tramitación.
Esta reforma, en consonancia con la Directiva europea 2006/123/CE relativa a los servicios de mercado interior y las recomendaciones del Consejo Europeo a España, pretende complementar al Mercado Único europeo eliminando las trabas administrativas que puedan encontrar las empresas al operar en nuestro país, donde también deben atender a diferentes legislaciones autonómicas. Así pues, mediante esta futura ley, las compañías necesitarán únicamente la licencia de una Comunidad Autónoma para poder prestar servicios y comercializar productos en todo el estado. En el caso de los prestadores de servicios, éstos deberán seguir atendiendo a los requisitos del lugar donde pretendan ejercer su actividad, al igual que ocurre en el resto de la Unión Europea.
La futura Ley de Garantía de Unidad de Mercado es principalmente una legislación marco que precisará de un posterior desarrollo normativo en el que distintos sectores pueden verse afectados directamente. El anteproyecto, además de marcar los objetivos que se persiguen, también establece los mecanismos y organismos de los que se servirán la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para hacer cumplir la norma. Se creará una base de datos para que las administraciones de origen y destino puedan supervisar la actividad de los agentes económicos que quieran operar en ellas. Asimismo, se integrarán en dicha base de datos los registros sectoriales con los que cuentan las distintas administraciones.
Además, se creará el Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de la ley. Dicho consejo estará compuesto por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sus homólogos autonómicos, así como la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia. El Consejo para la Unidad de Mercado se encargará de implementar los cambios necesarios para la eliminación de obstáculos administrativos y de velar por que los mecanismos antes descritos (registros, bases de datos…) sean funcionales. Por su parte, las Conferencias Sectoriales entre Administración Central y CC.AA. se encargarán también de impulsar la legislación necesaria para el fortalecimiento de la unidad de mercado y, paralelamente, el Consejo trabajará en coordinación con dichas conferencias y publicará un informe semestral sobre la situación regulatoria del mercado nacional.
Por último, cabe señalar que el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía también estipula un procedimiento de resolución de conflictos mediante la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo Proyecto de Ley de creación fue aprobado recientemente con competencia legislativa plena en la Comisión de Economía del Congreso y queda en espera de su envío al Senado.
En definitiva, esta norma puede ser tanto una oportunidad como una amenaza para un gran número de sectores, por lo que es conveniente fijar una postura y una estrategia ante la tramitación que se avecina, no sólo del proyecto de ley, sino también de su posterior desarrollo normativo complementario.
Fotografía obtenida de la cuenta de Flickr de Zaqarbal
