Alejandro Moledo
Hace un año, la Unión Europea fusionó los registros de lobistas de la Comisión y el Parlamento Europeo en el llamado Registro Conjunto de Transparencia (Joint Transparency Register). Dicho registro permite que la ciudadanía europea tenga acceso directo a la lista de personas, asociaciones, ONGs, think tanks, empresas, organizaciones y demás colectivos que intervienen en el proceso de toma de decisiones defendiendo sus intereses ante los legisladores. Para asegurar prácticas de lobby éticas, el Registro además establece un Código de Conducta para fijar “reglas del juego” iguales para todos y sanciones por su incumplimiento, evitando así el riesgo de corrupción y privilegios de unos intereses sobre otros igualmente legítimos.
El Registro de Transparencia tiene una media de 7.000 visitas online al mes y, según su primer informe anual, hay más de 5.400 registrados, de los cuales un casi la mitad (48 %) son lobistas, patronales, sindicatos y demás organizaciones y empresas; un 28 % son ONGs; diferentes consultorías componen un 11 % del Registro; think tanks y otros centros de investigación y académicos, un 7 %; organizaciones representantes de gobiernos regionales y locales (a nivel subnacional) un 5 %, y un 1 % lo forman representantes de comunidades religiosas. Teniendo en cuenta que hay una media de cinco personas por cada entidad registrada, se estima que la cifra de representantes de intereses asciende a aproximadamente 27.000 personas.
Pese a la buena marcha del registro, aún existen mejoras y debates pendientes de resolverse. Se reclama una mejora de la información que contiene el registro, un control más estricto de las normas, potenciar la comunicación externa para aumentar el número de registrados y la comunicación interna para que los miembros y funcionarios de las distintas instituciones europeas lo empleen en su día a día, así como proveer de mayor información a aquellos que se quieren registrar para proporcionar los datos necesarios.
También durante los próximos meses se espera que se debata la conveniencia de pasar del registro voluntario vigente a la obligatoriedad, por parte de todo aquel que pretenda intervenir en los procesos legislativos. Asimismo, también se está planteando distintas fórmulas que permitan registrarse y mantener la confidencialidad de los clientes, además de la clarificación pendiente de las organizaciones que representan a gobiernos locales y regionales subnacionales.
No cabe duda de que la Unión Europea, en base a la experiencia de los últimos años, está dando pasos en la buena dirección hacia una mejor democracia, más transparente y ética, donde los profesionales de los public affairs y, en definitiva, todos los representantes de intereses, puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones. Como hemos reiterado en muchas ocasiones, desde Political Intelligence instamos también a los legisladores españoles a aprobar una normativa y registro similares en pro de la transparencia y la participación de la sociedad civil en los procesos regulatorios.
Fotografía del Parlamento Europeo obtenida de su cuenta en Flickr.
