Diez años después de la primera regulación de las entidades de dinero electrónico en España, el Proyecto de Ley de Dinero Electrónico, que ha sido remitido al Congreso de los Diputados, pretende responder a los desarrollos regulatorios y a la propia evolución del sector, que mueve una facturación estimada al mes en España de 7 millones de Euros, si bien con una tendencia notablemente creciente ya que ha podido duplicar su tamaño en el año 2010.
El proyecto de Ley traspone la Directiva 2009/110/CE, de 16 de septiembre de 2009 sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Uno de los objetivos buscados con este Proyecto de Ley es la eliminación de determinados requerimientos que resultaban demasiado gravosos para las entidades y desproporcionados en relación con los riesgos que su actividad puede potencialmente generar.
De esta manera, las entidades de dinero electrónico deberán disponer de un capital inicial mínimo de 350.000 euros. Éste se complementará con un volumen suficiente de recursos propios, en relación con los indicadores de negocio, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Se autoriza a las entidades de dinero electrónico, a realizar, además de la emisión de dinero electrónico, la prestación de los servicios de pago y la concesión de créditos en relación con los servicios de pago siempre condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos.
El Banco de España asume las competencias en materia de regulación, fiscalización y control de las entidades de dinero electrónico, que antes de comenzar su actividad, deberán inscribirse en un registro especial que se creará a tal efecto y en el que figurarán también sus agentes, sucursales y las actividades que pretenden llevar a cabo.
El Proyecto de Ley, que se encuentra actualmente en fase de enmiendas hasta el 22 de febrero, se verá probablemente retrasado como consecuencia de la entrada en la misma Comisión del Proyecto de Ley del Juego mediante procedimiento de urgencia.
