Uno de los debates fuertes durante la campaña electoral que ahora concluye, con permiso de la creación de empleo y las propuestas en los ámbitos financiero y económico, ha girado en torno al mantenimiento del estado de bienestar, siendo la sanidad y la dependencia dos de sus caras más visibles.
Si bien es cierto que tanto sanidad como dependencia son dos competencias que se desarrollan en su mayor parte a nivel autonómico, también es cierto que la labor de coordinación y de impulso del Estado en estas áreas es fundamental. Así, los programas electorales de los principales partidos presentan propuestas en los sectores de sanidad y dependencia, que desde Political Intelligence querríamos desgranar.
Las propuestas del Partido Popular en el área de la sanidad se resumen en un compromiso con la sanidad pública de calidad, accesible en condiciones de igualdad a todos los españoles y al mismo tiempo eficiente y sostenible, haciendo del paciente el eje del sistema. Para ello, se adoptarán todas aquellas medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad, estableciendo una cartera de servicios, básica y común en el sistema nacional de salud y acometiendo las reformas necesarias para mejorar la accesibilidad, eliminar la burocracia y ganar eficiencia en la gestión.
El programa electoral popular recoge también un buen número de propuestas concretas, entre las que cabe destacar el impulso de la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única; la promoción de la libre elección de médico y las alianzas entre centros sanitarios para garantizar niveles de excelencia y sostenibilidad; la introducción de nuevas tecnologías y fármacos al sistema; el impulso a políticas más eficientes de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos o la aprobación del calendario vacunal único, común a todas las CCAA.
En el campo de la dependencia, el programa electoral del Partido Popular propone mejorar el modelo para hacerlo más eficaz y sostenible en el tiempo, simplificando el proceso de acceso a los servicios y prestaciones con el objeto de evitar retrasos. Para ello, propone una modificación de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para garantizar una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios.
Del mismo modo, se promueve un mayor uso de la teleasistencia y de la atención domiciliaria para aquellos mayores dependientes que quieran permanecer en su domicilio, y se propone impulsar la libre elección en los servicios de dependencia y apoyar a quienes sufraguen la estancia de personas mayores en centros residenciales.
El Partido Socialista considera que la sanidad, junto a la educación, es uno de los dos grandes derechos de igualdad que configuran el Estado Social y del Bienestar, y por lo tanto le reserva un espacio muy destacado en su programa electoral. Algunas de las medidas propuestas en este ámbito incluyen el establecimiento de un catálogo de prestaciones sanitarias garantizado en todo el territorio nacional; la definición de criterios homogéneos y la garantía de un tiempo máximo de acceso a las prestaciones o una mejora en la accesibilidad, uso, eficacia, eficiencia y calidad del servicio y prestaciones, a través de la cita electrónica, la historia clínica y la receta electrónica (Programa Sanidad en Línea).
Teniendo en cuenta el contexto de crisis, el Partido Socialista propone un acuerdo social que impulse una gestión más eficiente del sistema; el fomento de las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios y el desarrollo de políticas más eficientes de autorización y financiación selectiva de medicamentos; la contratación conjunta o la centralización para todo el SNS de servicios de mantenimiento y de apoyo a la asistencia sanitaria o la regulación mediante una nueva norma legal la colaboración privada en la prestación de servicios sanitarios públicos.
Asimismo, el programa electoral del Partido Socialista propone cambios a nivel institucional, como la creación de un Instituto de Calidad y Excelencia Clínica similar al NICE británico o la creación de una Agencia del Sistema Sanitario, como instrumento de cooperación entre las CCAA y la AGE.
En el área de la dependencia, el Partido Socialista se compromete con la aplicación y pleno desarrollo de la Ley de la Dependencia, en los términos que la misma prevé, promoviendo la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas y reforzando la red de servicios. El programa propone cerrar un marco de financiación estable y la atención a todas las personas con derecho a prestación, garantizando un amplio abanico de servicios socio-sanitarios orientado a la universalización de los mismos, con especial atención a las necesidades de las personas con enfermedades crónicas, mentales, y neurodegenerativas.
Más allá de los dos grandes partidos, la gran mayoría de los partidos minoritarios dedican también secciones importantes de sus programas a la Sanidad y la Dependencia. Por ejemplo, UPyD propone la devolución al Estado de las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana. Para ello se implantaría una Tarjeta Sanitaria única que permita el pleno acceso al SNS en cualquier lugar, en igualdad de condiciones, con independencia de quien financie la prestación.
En el ámbito de la dependencia, y en una línea similar a las propuestas en materia de sanidad, UPyD lleva en su programa electoral la modificación de la Ley de Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único Sistema. Los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia serían competencia sobre todo de los Ayuntamientos, como puerta de entrada y fundamento del sistema protector.
Izquierda Unida, por su parte, recoge en su programa electoral una serie de propuestas para garantizar una sanidad pública y universal, entre las que destacan la derogación de la Ley 15/97, la promoción de la cohesión en un marco de descentralización, la ampliación del catálogo de coberturas sanitarias que incluya óptica, ortopedia y salud buco dental o la racionalización del gasto de la prestación farmacéutica y la adopción de medidas de uso racional del medicamento. Para lograr estos objetivos, sería necesaria una financiación adicional de la sanidad teniendo como indicador o referencia la aproximación en un 1% adicional del PIB (5’7 a 6’7).
Por último, en el campo de la dependencia, Izquierda Unida propone una financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, para que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de espera no exceda de los seis meses. Izquierda Unida defiende que la Ley de Dependencia debe ser una ley de servicios profesionales y públicos, y la prestación económica para los familiares debe ser excepcional.
Todas estas propuestas incluidas en los Programas Electorales marcarán sin duda la agenda en el campo de la sanidad y la dependencia en la próxima legislatura, tanto del Gobierno como de la oposición, por lo que deberán ser tenidas muy en cuenta en las estrategias de public affairs de las empresas del sector.
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