Con el comienzo del nuevo curso parlamentario, la reforma fiscal, presentada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto, será probablemente la que más calado tenga en el debate parlamentario de los próximos meses. No en vano, constituye una de las piedras angulares del alud de cambios normativos que se incluyen en el Programa Nacional de Reformas (PNR), el verdadero ABC del Gobierno para hacer frente a la crisis económica.
Conscientes del impacto de la fiscalidad en la competitividad de la economía española, el Gobierno contó con el apoyo y asesoramiento de una Comisión de Expertos independientes que, presidida por el profesor Manuel Lagares, se encargó de elaborar un Informe –no vinculante– para la Reforma del Sistema Tributario Español. La Comisión se constituyó en julio de 2013 e hizo públicos sus trabajos el pasado 14 de marzo.
Cabe destacar, no obstante, que la ambición reformista del Gobierno de Mariano Rajoy en materia fiscal sigue varias recomendaciones formuladas por la Comisión Europea a España, constituyendo verdaderas recetas para paliar la crisis económica. No sorprende, por tanto, que entre los objetivos principales de esta reforma esté el de favorecer el crecimiento y el empleo. Se trata de un aspecto que Bruselas, después de que el Gobierno remitiera su PNR a la Comisión Europea el 30 de abril, ha vuelto a subrayar como fundamental para la recuperación económica española.
Tras recibir el PNR, la Comisión Europea envió de vuelta al Gobierno español la Recomendación del Consejo, donde destacó la necesidad de que España adoptara, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa, capaz de “superar los desequilibrios existentes en el sistema tributario español, simplificándolo”. Asimismo, según Bruselas, deberá ser una reforma capaz de abarcar cuestiones como la lucha contra el fraude fiscal, un cambio en los impuestos medioambientales y un proceso de armonización del IVA.
Fruto de todas estas recomendaciones y de los documentos antes mencionados nace finalmente la Propuesta de Reforma Fiscal, presentada el pasado 20 de junio. Ésta consta de cuatro Proyectos de Ley, donde cada uno de ellos introduce importantes novedades en materia tributaria según el ámbito tratado. Tres de ellos ya se encuentran en el Congreso de los Diputados, listos para iniciar su tramitación parlamentaria por parte del Legislativo. En concreto, éstos son:
1) El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (enlace PDL)
2) El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades.
3) El Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
El último de los textos legales que conforman la Reforma, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria, todavía se encuentra en proceso de elaboración por parte del Ejecutivo que, en la actualidad, revisa las alegaciones que se produjeron durante el período de información pública. Analizando en detalle los tres Proyectos de Ley, estos son los principales cambios que destacan:
1) El texto que modifica el IRPF introduce una serie de medidas fiscales que supondrán una rebaja media en este impuesto del 12,5%. Así, el Proyecto de Ley prevé una reducción de siete a cinco en el número de tramos de tributación del IRPF y una disminución de los tipos marginales aplicables. Asimismo, los trabajadores autónomos se beneficiarían de una rebaja en las retenciones, incrementándose también una reducción general para aquellos autónomos con menores recursos.
Novedades importantes son también las que tienen que ver con las indemnizaciones por despido, que tributarán como rendimiento del trabajo en el IRPF a partir de los 180.000 euros. Adicionalmente, este Proyecto de Ley introduce una exclusión de gravamen para aquellas plusvalías generadas por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que cumplan con determinados requisitos. Por otra parte, la nueva ley prevé que se pueda disponer anticipadamente de las aportaciones a planes de pensiones que tengan más de diez años de antigüedad.Respecto al ahorro, se reduce de diez a cinco años el plazo mínimo de un plan individual de ahorro sistemático y se introduce una rebaja de la tributación del ahorro.
2) El segundo Proyecto de Ley es el del Impuesto sobre Sociedades. Éste introduce, por un lado, una bajada de tributación y medidas para fomentar la competitividad de las empresas y, por otro, un sistema de simplificación de deducciones. En cuanto a la bajada del Impuesto sobre Sociedades, se reducirá el tipo de gravamen general al 28%, en 2015, y al 25%, en 2016.
Asimismo, el Proyecto de Ley introduce un amplio abanico de incentivos para las empresas como por ejemplo:
- Deducciones para aquellas compañías que inviertan en I+D.
- Deducciones por invertir en espectáculos de teatro, música y producciones cinematográficas.
- Deducción por innovación en el sector de la animación y de los videojuegos.
- Incremento del porcentaje de deducción por donativos en el IRPF.
3) Por último, el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA y se introducen otras medidas en materia fiscal tiene el objetivo de adecuar la norma reguladora del IVA y la de Impuestos Especiales a la normativa comunitaria, potenciando la lucha contra el fraude fiscal. El texto recoge nuevas normas que flexibilizan determinados requisitos como, por ejemplo, la ampliación del plazo para poder modificar la base imponible en los casos de empresarios o profesionales que tengan carácter de pyme. Asimismo, prevé una exención del 85% del Impuesto de Electricidad para todos los procesos cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste de producción.
En cuanto a la tramitación parlamentaria, los tres Proyectos de Ley se encuentran en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso en fase de presentación de enmiendas a la totalidad. La aprobación por parte de la Comisión con competencia legislativa plena hará que la tramitación de estas normas sea más rápida. Una vez aprobadas, las normas pasarán al Senado en su Comisión competente. En caso de que los Proyectos de Ley en su trámite por la Cámara Alta se aprueben con enmiendas, los textos tienen que regresar al Congreso para su ratificación.
Según el Gobierno, las medidas propuestas en estos Proyectos de Ley provocarán un crecimiento adicional del PIB del 0,55%, ya que repondrán en manos de los contribuyentes nueve mil millones de euros. Aún así, hay que destacar que esta reforma acaba de empezar su tramitación parlamentaria, a lo largo de la cual pueden producirse numerosos cambios que pueden favorecer o perjudicar esas previsiones.
De esta manera, el Gobierno continúa la senda trazada por el PNR, apostando por la simplificación de los tramos y los incentivos fiscales como fórmula para acelerar la recuperación de la economía española. Por otra parte, la reforma fiscal era una de las lecciones pendientes que el Gobierno tenía que aprobar como parte de sus compromisos con Bruselas. Ahora quedan las aportaciones del resto de grupos en su recorrido parlamentario, las cuales podrían enriquecer un texto que, sin duda, afectará a la actividad económica de miles de empresas y al poder adquisitivo de los ciudadanos.
