En nuestro país no se reconoce la actividad del lobby ni su ejercicio, lo cual no significa que no exista. Los lobbies en España existen y es inútil negarlo. Sin embargo, es una realidad que permanece oculta -si bien cada vez menos-, quizá porque se parte de la consideración de que por defender intereses normalmente empresariales, éstos no son legítimos, o porque permitir a las empresas expresar su parecer sobre la legislación que directamente impacta en su actividad, ello implica irremisiblemente atentar contra el interés general. En definitiva, existe la percepción general de que tanto el ejercicio de lobby, como la receptividad por parte de los representantes públicos (“dejarse influir”) es un esfuerzo de suma cero en el que para que alguien gane, otro tiene que perder. Nada más lejos de la realidad.
Cuanto más lobby se haga, entendiendo como tal la capacidad de comunicar, trasladar mensajes, enriquecer el debate y favorecer la multiplicidad de puntos de vista, más rica será la opinión del regulador y más transparente será la toma de decisiones. El resultado redundará, en definitiva, en una mejor legislación, que debe ser en todo caso el objetivo de una buena acción de lobby.
Hasta ahora, los tímidos intentos de regulación del lobby que ha habido en nuestro país no han sido precedidos de un debate serio y maduro sobre la necesidad de ordenar esta actividad. Puede que nos encontremos ahora ante esta oportunidad, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Se trata de una ley de amplio espectro que abarca distintos temas. Sin ser un proyecto de ley perfecto -casi ninguno lo es-, sí que parece ser mejorable en el trámite parlamentario incorporando nuevas medidas y una de éstas muy bien podría ser la creación de un registro de representantes de interés y la consiguiente obligatoriedad de un código de conducta. Ambos elementos constituyen el eje de la regulación de la actividad de lobby en la mayoría de los países de nuestro entorno (hasta catorce de la Unión Europea), así como ante las instituciones europeas. ¿Por qué es necesario regular la actividad de representación de intereses? Por varios motivos.
En primer lugar, la regulación de la actividad de lobby debe realizarse como ejercicio de transparencia, participación, democracia y competitividad. La representación de intereses (libertad de expresión) es un aspecto fundamental de un sistema democrático, y además, afecta directamente a la competitividad de un país, dado que cuantos más intereses se tengan en cuenta, mejores leyes se elaborarán. Corresponderá al legislador, y sólo a éste, decidir la forma de equilibrar dichos intereses y legislar de una u otra manera.
En segundo lugar, conviene que los ciudadanos sepan a qué intereses obedecen las decisiones del legislador. De ahí que sea necesario impulsar la transparencia de los intereses que confluyen sobre los diputados y senadores, así como sobre el Gobierno cuando legisla, que lo hace y mucho. Esta transparencia se instrumentaliza mediante la creación de un Registro Público en el que debe inscribirse obligatoriamente todas aquellas personas que acceden al legislativo con la intención de influir en la elaboración de la legislación, políticas públicas o en la toma de decisiones.
Asimismo, es necesario introducir unas normas mínimas de conducta aplicables a la relación de los representantes de intereses con el legislador. Este código no ha de ser muy elaborado, a las doce normas del código vigente en la Unión Europea me remito. Son normas básicas y sencillas que están orientadas fundamentalmente a proteger la veracidad, confidencialidad y transparencia de la comunicación. Con ello se consigue además que el legislador pueda actuar en caso de que uno de los lobistas incumpla el Código, y con ello se protege a las instituciones frente a la corrupción.
Por último, entendiendo la transparencia como una vía de doble sentido, la introducción de estas medidas que actúan sobre los lobistas debe ir acompañada de medidas que a su vez faciliten nuestro trabajo. Es decir, en la medida que se introduzcan mecanismos de transparencia sobre los procesos de toma de decisiones o de elaboración de legislación, más gente accederá a la misma y la información dejará de ser accesible sólo para algunos.
En conclusión, con la transparencia se evita que unos intereses primen sobre otros en desigualdad de oportunidades y se establece un equilibrio entre éstos sometiéndolos, siempre, al escrutinio de la sociedad. Entendemos que la representación de intereses forma parte del proceso democrático, ya que en las democracias modernas la libertad de expresión se ejerce no solo a través de los individuos, sino también a través de las organizaciones de la sociedad civil, ya sean empresas, ONGs, organizaciones de consumidores, thinks tanks o sindicatos. De ahí nuestro convencimiento de que ciertas medidas encaminadas a ordenar el ejercicio del lobby, estableciendo mecanismos que favorezcan la transparencia de doble sentido, fortalecerán en gran medida nuestra democracia.
Adaptación resumida del artículo completo publicado en La Celosía
