El tercer jueves de cada mes un grupo de «lobbistas» profesionales se reúne en un céntrico restaurante de Madrid para hacer contactos, conocerse y hablar sobre cómo debe ser el sector y su regulación. Quieren salir de la opacidad. Defienden un registro obligatorio, un control más estricto sobre los grupos de interés y no les parece mal que se hagan públicas las reuniones que mantienen con representantes políticos. La industria del «lobby» española reclama, en definitiva, luz y taquígrafos. Y estos principios de transparencia los aplican en sus charlas mensuales: cualquier interesado puede asistir ya que las hacen públicas en la página web del organismo que agrupa al sector, la Asociación Profesional de Relaciones Institucionales (APRI).
«Cuanta mayor sea la transparencia y la regulación sobre el ” lobby”, más avanzada es la democracia de un país», resume Carmen Muñoz, lobbista de Careotipo MH5. El lobby, término anglosajón que significa pasillo, designa las actividades que tienen como objeto influir en la política y los procesos de toma de decisiones. Tanto la Unión Europea como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan regular el sector. Y en estos momentos está en juego su legislación en España, hasta ahora inexistente. El Pleno del Congreso, mediante un pacto entre el PP y CiU, aprobó el pasado mes de marzo que el funcionamiento de los lobbies se regulará dentro de la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, en el capítulo «Regeneración democrática».
El modelo es la UE, donde existe un registro voluntario en el que hay ya más de 6.000 lobbies inscritos. A pesar de que algunos países de nuestro entorno ya lo han regulado, solo unos catorce estados en todo el mundo cuentan con una legislación al uso. El pionero fue Estados Unidos. Con más de 12.000 lobbistas inscritos, Washington es la capital de los grupos de interés y por ello su control es uno de los más estrictos. Los lobbies cuentan con un registro obligatorio, deben presentar cuentas trimestralmente y publicar sus reuniones con representantes políticos así como su lista de clientes o lo que cobran de cada uno.
Precisamente, son los lobbies profesionalizados en España los que más están luchando por una reglamentación del sector. APRI cuenta con 55 asociados pero la industria española del lobby es mucho mayor, aunque no se defina como tal. Grandes empresas, despachos de abogados, oenegés… muchos de ellos cuentan con departamentos dirigidos a influir, y cada vez hay más lobbistas en nuestro país. Parte de esta presión, viene de multinacionales acostumbradas a contar con grupos de presión. La parte más profesionalizada de la industria de la influencia española mueve unos 30 millones de euros, según estimaciones del sector. La regulación va a la zaga. De acuerdo a un estudio de Burson-Marsteller y Careotipo MH5, en España el 46% de los políticos encuestados denuncia que la falta de transparencia es el aspecto más negativo de la actividad de lobby. Asimismo, el 93% opina que el lobby no está suficientemente regulado y el 34% veía útil hacer un registro obligatorio.
«Nosotros propusimos que la inscripción fuera obligatoria con una enmienda a la Ley de Transparencia y ningún grupo parlamentario se opuso», recuerda Jané. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, compareció el año pasado para defender la inclusión de la regulación del lobby en la Ley de Transparencia. «Hicimos una propuesta de registro universal que se aplicara a todo el mundo, sin excepción. Que haya un código de conducta obligado como el europeo y que se aplique un régimen sancionador en caso de incumplimiento. En cuanto a publicación de agendas o rendición de cuentas de los grupos de interés, todo lo que sea más transparencia lo vemos positivo», valora Rotondo.
El «impass» de las elecciones europeas ha interrumpido la negociación parlamentaria en el Congreso. Carmen Muñoz alberga pocas expectativas sobre que se vayan a aprobar medidas sobre la publicación de las reuniones entre miembros de las Cortes o el Gobierno y lobbistas. Otro de los puntos pendientes es la «huella legislativa», es decir, publicar qué parte de las leyes contienen párrafos de propuestas de lobbies. «La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también es un ejemplo de grupo de presión», reseña Muñoz.
«El lobby siempre ha existido en España pero ahora cada vez se está profesionalizando más y es necesario aportar transparencia y regulación», reclama Javier Valiente, socio director de Political Intelligence. Como señalan los lobbistas consultados, lo que se trata es de regular prácticas y actividades que ya existen. En las leyes hay partes incluidas a propuesta de empresas y organizaciones sociales. Las reuniones entre grupos de presión y políticos ya se producen. La diferencia con el pasado será la existencia (o no) de una supervisión que controle y arroje luz sobre ello.
Artículo publicado el 25 de mayo de 2014 en ABC Empresa, también disponible aquí.
