María Rosa Rotondo. Acaba de entrar en vigor la Ley 20/2013, de 9 de noviembre, de Garantía de Unidad de Mercado, uno de los emblemas programáticos del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Ley pretende atajar, desde el pleno respeto al orden constitucional, la dispersión normativa existente en nuestro país. Dicha dispersión se deriva de la progresiva asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas y de los entes locales, y que afecta a multitud de áreas, en especial (por citar solo algunas) en materia tributaria, medioambiental, laboral, sanitaria y de consumo.
Ya en 2010 la CEOE advirtió de esta situación, realizando incluso un “Inventario de las distorsiones del principio de unidad de mercado existentes en España” (actualizado en noviembre de 2012). Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Competitividad, la aplicación de esta Ley supondrá un aumento del PIB de un 1,52% en los próximos diez años.
¿En qué consiste la Ley?
Los principales cambios normativos de la Ley pueden dividirse en cuatro grandes bloques:
1.- Licencia única y legislación de origen: Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
2.- Restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos: Se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas y se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.
3.- Se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.
4.- Se legitima a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recurrir de oficio a instancia de parte en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado, teniendo en cuenta que la admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
¿De qué se habló durante su tramitación parlamentaria?
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley, la oposición coincidió en reprender al Gobierno del “soterrado intento de desregulación” pretendido por la Ley. Así, la Diputada Teresa Jordá, Portavoz de ERC en el Grupo Mixto justificó la oposición de su grupo en base a que la Ley supone una recentralización competencial del nacionalismo centralista español, criticando severamente el control normativo previo de la legislación autonómica. En la misma línea, el Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Emilio Olabarría, se aferró al informe del Consejo General del Poder Judicial para oponerse en nombre de la Ley, alegando el poder recentralizador de competencias a favor del Estado.
Álvaro Anchuelo, Portavoz de Economía del el Grupo de Unión Progreso y Democracia, calificó el Proyecto de Ley de “mal necesario” ya que el Proyecto presentado “no aborda el problema de la mejor forma posible”, al no entrar a eliminar, con la ayuda de las conferencias sectoriales, normas innecesarias, o al evitar afrontar barreras a la unidad de mercado que tienen que ver con la fiscalidad. Para Anchuelo, “el Estado debería aclarar unos mínimos regulatorios en cada sector y simplificar la legislación.” A pesar de las objeciones, UPyD se mostró satisfecho por la inclusión de algunas enmiendas planteadas por su partido dentro del Proyecto de Ley, como las relativas al papel de las asociaciones empresariales o las que instan a marcar un calendario para que los diferentes sistemas informáticos sean compatibles entre sí.
Los Portavoces de la Izquierda Plural, Convergència i Unió y PSOE coincidieron en los tres argumentos principales de oposición a la Ley: confundir unidad con uniformidad, fomentar la desregulación y recentralización de competencias a favor del Estado y en detrimento de comunidades autónomas y de ayuntamientos.
¿Y ahora qué?
El Consejo de Ministros aprobó el 8 de noviembre el llamado “Plan de Racionalización Normativa” que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Con este Plan, el Gobierno pretende abordar la modificación o derogación de las normas estatales y autonómicas previamente identificadas, que suponen o pueden suponer barreras a la unidad de mercado.
Según las propias estimaciones del gobierno, se han analizado 6.500 normas de impacto empresarial en España, de las cuales 2.700 podrían afectar “potencialmente” a la unidad de mercado. Entre ellas cabe destacar la dificultad al libre acceso y ejercicio de las actividades económicas: el 30% por ciento son estatales (810), mientras que el 70% tienen rango autonómico (1.890).
Para ello, se convocarán 25 conferencias sectoriales por parte de todos los ministerios para revisar la normativa de hasta 29 sectores económicos.
Dentro de esta línea reformadora, el Gobierno ya ha empezado a regularconforme a este principio de unidad de mercado en Proyectos en fase de tramitación parlamentaria, como la Ley General de Telecomunicaciones, o en preparación, como el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.
En todo caso, la Ley 20/2013 supone una oportunidad para las empresas, que durante los últimos años han visto su crecimiento obstaculizado por la dispersión normativa. Por este motivo, conviene ser activos en la implementación e impulso tanto del Plan de Racionalización Normativa como de los instrumentos que permite la propia Ley para, de esta manera, caminar hacia un mercado único de mercados y servicios en España.
Imagen obtenida de la web de La Moncloa.
