Tras el resultado de las últimas elecciones europeas, y la incertidumbre que se ha generado en torno a la composición del arco parlamentario en la próxima legislatura, el Gobierno acelerará en los próximos meses la tramitación de aquellas reformas que considere claves. Por ello, la agenda política y legislativa de aquí al final de la legislatura incorporará un buen número de iniciativas que afectan directa o indirectamente al sector bancario.
Entre las iniciativas más avanzadas, actualmente en trámite parlamentario tras su aprobación por el Consejo de Ministros, destacan tanto el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito como el Proyecto de Ley por el que se de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
El primero, actualmente en tramitación en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado con procedimiento de urgencia, adapta el Derecho español al nuevo marco de Basilea III (CRDIV). Entre las principales novedades que incorpora destaca el refuerzo de la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito y su régimen sancionador, la introducción de limitaciones al número de Consejos de los que se puede ser miembro y a las remuneraciones variables y, por último, la modificación de la Ley de Mercado de Valores para adecuar el régimen de participaciones preferentes, adaptar la regulación de los conglomerados financieros y modificar la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos.
El segundo, en la actualidad en el Congreso, en plazo de enmiendas al articulado, tiene como objetivo último garantizar la supervivencia de empresas con una carga financiera acumulada excesiva, pero viables desde un punto de vista operativo. Para ello se persigue acelerar la recuperación del tejido industrial del país y favorecer el proceso de reajuste de las empresas a sus capacidades financieras reales. En particular, se adoptan medidas para evitar la entrada en concurso y la posterior liquidación de estas empresas a través de un sistema de acuerdos preconcursales con los acreedores y un abanico más amplio de fórmulas de refinanciación. Se abordan, además, aspectos como el denominado “fresh money”.
Por otro lado, de cara a los próximos meses la agenda política del Gobierno se centrará en continuar con el desarrollo del Plan Nacional de Reformas. En dicho Plan destaca la reforma fiscal ya anunciada por el Gobierno, con un calendario que contempla su aprobación por Consejo de Ministros antes del verano, y su tramitación y aprobación en Congreso y Senado a partir de septiembre.
Tal y como indica el Plan Nacional de Reformas para 2014, “es necesario continuar con el saneamiento fiscal favorecedor del crecimiento para consolidar la recuperación y para cumplir con los compromisos de reducción de déficit fijados en el Programa de Estabilidad 2014-2017”.
Dicho Plan también contempla la aprobación de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, que dará un giro estratégico a las fuentes de financiación de la economía española, buscando hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las PYMEs, y sentando las bases para fortalecer las fuentes de financiación corporativa no bancaria en España.
A esto hay que añadir la prevista reforma del marco regulatorio de las garantías mobiliarias, con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación de las empresas, aumentando el conjunto de bienes susceptibles de ser empleados como garantías en operaciones de préstamo. Para ello, el Gobierno tiene en su agenda la elaboración de una Ley de Garantías Mobiliarias Registrables que sustituya a la actual Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión de 1954.
Por último, conviene no olvidar algunas de las propuestas de la Comisión de Expertos de Reforma del Sistema Tributario Español, entre las que destaca la supresión de las exenciones referidas a la cobertura del riesgo de interés en préstamos hipotecarios para la adquisición de la vivienda propia, la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y posibles cambios en las actuales reducciones en la base del IRPF por situaciones de dependencia y envejecimiento.
Por tanto, conviene seguir de cerca la agenda política y legislativa, a fin de conocer en detalle estas iniciativas y poder anticiparse a estos y otros posibles cambios en el marco regulatorio del sector bancario.
Artículo publicado el 10 de junio de 2014 en la newsletter del Sector Banca de Thomson Reuters.
