La actividad de los asuntos públicos en una pandemia como la que está golpeando al mundo en estos momentos resulta vital para adecuar la situación de las empresas y sus negocios a las medidas excepcionales requeridas no sólo por el Gobierno, sino también por las Comunidades Autónomas e, incluso, los Ayuntamientos. Ahora más que nunca, en un momento de sobreinformación en el que prima la urgencia y los cambios inesperados, se hace imprescindible la búsqueda de fuentes oficiales, que den soporte, veracidad y rigor a las medidas anunciadas por los estados, muchos de ellos en situación de alarma o emergencia.
Escudriñar el Boletín Oficial del Estado se convierte en una tarea crítica en esta crisis sanitaria para detectar en cada uno de los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros u Órdenes Ministeriales aquellos aspectos que pueden pasar desapercibidos en comparecencias o en referencias, y que puedan resultar de extraordinaria relevancia para las compañías. No basta con el seguimiento de las ruedas de prensa oficiales, sino que se exige una mayor profundidad de la información, que en la mayoría de las ocasiones será origen de dudas que deberán ser aclaradas proactivamente.
En este contexto, el sector de los public affairs no sólo debe basar su funcionamiento en este seguimiento pormenorizado y riguroso de cada una de las medidas anunciadas por los gobiernos, sino también en ser capaz de ofrecer una valoración de todas las medidas con propuestas estratégicas que sirvan para cumplir de la mejor manera posible las obligaciones que estipula el nuevo escenario consiguiendo, realzando de esta manera el compromiso de las empresas con la situación de extrema gravedad. En este sentido, la vocación de Political Intelligence siempre ha sido instar a que sus clientes mantengan una actitud “útil, genuinamente útil y no superficialmente útil”, como explicaba Joe Jordan, de Bluesky Strategy Group, en Hill Times.
No es, por tanto, el momento de realizar llamadas con asuntos que no son urgentes y que nada tienen que ver con el Covid-19, porque la mayoría de los organismos públicos se encuentran en mitad de la pandemia totalmente desbordados. Todo lo contrario, es la hora de arrimar el hombro, de apoyar iniciativas que ayuden a superar la crisis provocada por el coronavirus. Y aquí es donde, también el sector de los public affairs tiene mucho que aportar, gestionando y canalizando todas las iniciativas empresariales que puedan servir de ayuda al estado y por tanto, a la sociedad en su conjunto.
Esta interlocución, que a veces resulta demasiado complicada para las empresas, se convierte en una prioridad para quienes gestionan los public affairs, y que abarca tanto el sector público como el privado a fin de coordinar diferentes acciones para conseguir un objetivo común. Así por ejemplo, la iniciativa que tuvieron diferentes marcas de ropa presentes en un centro comercial para unir sus reivindicaciones y conseguir demorar el pago del alquiler al centro.
No importa que las gestiones no puedan realizarse en encuentros físicos. En Bruselas, la falta de contacto personal con los grupos de interés se está sustituyendo por el telelobbying a través de llamadas telefónicas, videollamadas, seminarios web, correos electrónicos y mensajes instantáneos. Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, habrá que estar muy atento sobre el impacto a largo plazo que los bloqueos y la falta de movimientos tendrán en las decisiones políticas.
Pero no será lo único. El sector de los Public Affairs, gracias a su experiencia en la anticipación de las consecuencias, puede convertirse en un agente de gran transcendencia para empresas y sector público adelantando situaciones que puedan derivarse del deshielo del confinamiento, ofreciendo respuestas ingeniosas que aporten ideas para un futuro que esperemos no sea demasiado lejano.
Por María Rosa Rotondo, Socia Directora de Political Intelligence, y presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales)
