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La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar– Jim Ryum
Un total de 55.000 funcionarios y una pléyade de políticos son los encargados de regular los asuntos de 503 millones de europeos. Pueden parecer muchos o pocos. También pueden parecer muchos o pocos los 6.000 inscritos en el Registro Conjunto sobre la Transparencia, que se estima supone alrededor del 75 % de los representantes de las empresas de Bruselas y el 60% de las ONGs. Por tanto, según los últimos datos de la Comisión, hay unos 30.000 lobistas en Bruselas que dirigen su atención a esos 55.000 funcionarios
Sin embargo, esa relación entre apenas 85.000 personas, o lo que es lo mismo, el 0,17% de la población de la Unión genera ríos de tinta y una amplísima actividad regulatoria por parte de las Instituciones europeas. Todos ellos han buscado siempre la manera de incorporar las partes interesadas – organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y representantes de empresas – en su toma de decisiones, aumentando al mismo tiempo la transparencia en los procesos legislativos en un escenario que se considera win-win, pues los funcionarios de la Unión se benefician de la información que reciben y la sociedad civil se siente satisfecha por poder participar adecuadamente en la toma de decisiones.
El Registro Conjunto por la Transparencia de los grupos de interés se creó en 2011 y funciona sobre la base de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
No obstante, este acuerdo ha sido revisado recientemente por un grupo de alto nivel copresidido por el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, y el vicepresidente del Parlamento, Rainer Wieland, en el que participan diputados de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo y un observador de Consejo. El grupo ha celebrado nueve reuniones entre agosto y diciembre de 2013 y ha presentado una lista de recomendaciones para la mejora del Registro, que han sido ampliamente respaldadas tanto por la Comisión como por el Parlamento.
Entre las novedades a destacar en la nueva regulación de la representación de intereses en la Unión Europea destacan las siguientes:
- Se han clarificado las categorías disponibles, para permitir a los solicitantes de registro elegir más fácilmente la categoría correcta;
- Se ha revisado y reforzado el procedimiento de alerta y denuncia para aumentar la rapidez y la eficacia del control y la calidad de los datos;
- Se ha reforzado el Código de Conductaañadiendo dos nuevas letras [f) e i)]; que implican, por ejemplo, el consentimiento de los Eurodiputados para permitir la contratación de personas de su entorno por parte de los representantes de interés;
- La introducción de condiciones de igualdad en materia de información financiera para todos los solicitantes de registro;
Sin embargo, uno de los puntos que más nos interesa es el compromiso de introducir más incentivos para fomentar el registro de organizaciones en el Registro Conjunto, ya que como se sabe la inscripción es, de momento, voluntaria. Las ventajas de las que se beneficiarán los inscritos son importantes:
- Son los únicos que podrán acceder a los edificios del Parlamento. Se prohibirá el acceso de organizaciones no registradas;
- Se animará a los eurodiputados que solo mantengan reuniones con los representantes de grupos de interés debidamente registrados ;
- Se primará el acceso a la información para las organizaciones registradas, lo que les permite ejercer de co-anfitrion en eventos con mayor facilidad y participar en las audiencias públicas (vetadas para los no registrados);
- Solo las organizaciones registradas podrán patrocinar eventos
- El Parlamento anima también a la Comisión a tomar medidas similares para instar a los grupos de interés a registrarse.
Estas medidas serán útiles hasta finales de 2016, fecha en la que la Comisión está obligada a presentar una propuesta sobre la base del artículo 352 del Tratado de la UE para que la inscripción del Registro sea obligatorio. Ello implica que la Comisión Europea pedirá a los Estados miembros apoyar por unanimidad un registro de este tipo. En caso de salir adelante, el registro podría ser obligatorio en 2017. En caso contrario, habrá una revisión en ese mismo año 2017.
En conclusión, se han dado pasos importantes en el seno de las instituciones europeas para garantizar un proceso transparente y participativo en la toma de decisiones que sitúa a la Unión Europea en la vanguardia de una regulación moderna y equilibrada, que permite, como en cualquier otra democracia, el sano ejercicio del derecho de participación de la sociedad en los asuntos que le interesan.
Además, esto se ha hecho soslayando los impedimentos legales, que impedían la imposición directa del registro universal y obligatorio, empleando en su lugar estímulos o ventajas a favor de aquellos que estamos registrados, que con el tiempo se convertirá en el hábito, que tal y como dice Jim Ryum, que nos conducirá hacia una cultura participativa, democrática y transparente.