Tras más de dos años de trabajo, el 28 de mayo la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobó con los votos a favor del Grupo Popular, del Grupo Catalán y del Grupo Vasco el Informe de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad.
La Subcomisión se creó en la Sesión Plenaria del 14 de junio de 2012, a petición del Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió y se constituyó el 27 de junio del mismo año. Su objetivo era el de “analizar los principales problemas estructurales del sistema sanitario público yelaborar un conjunto de recomendaciones destinadas a garantizar la sostenibilidad presente y futura de un modelo sanitario público de calidad”.
Entre los meses de febrero y junio de 2013, la Subcomisión mantuvo doce reuniones durante las cuales se celebraron 24 comparecencias de especialistas en materia de sanidad. Desde el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos hasta la Secretaria General de FENIN y la Presidenta de FARMAINDUSTRIA. En este sentido, cada uno de los expertos que intervinieron permitió obtener una visión la más amplia posible sobre los problemas que afectan al sistema sanitario español.
Tras la celebración de la última comparecencia en la Subcomisión, el 26 de junio de 2013 –exactamente un año después de su constitución– los miembros decidieron enviar un cuestionario a las consejerías de Sanidad para identificar las carencias y las necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la opinión de los principales actores interesados en su gestión: las Comunidades Autónomas.
Según las respuestas recopiladas por el Informe, los aspectos que más destacaron fueron:
- Politización, carencia de lealtad institucional y falta de carácter vinculante de las decisiones tomadas por el Consejo Interterritorial del SNS.
- Infrapresupuestación en el modelo sanitario y desequilibrio entre los presupuestos asignados y los gastos reales.
- Fracaso del modelo de financiación para las Comunidades Autónomas aprobado en 2009.
- Falta de adaptación del modelo de financiación a las características propias de cada territorio: dispersión poblacional, envejecimiento progresivo.
- Modelo de retribución del profesional caduco, carente de adaptación a la evolución experimentada por los profesionales y la labor que desempeñan en los últimos años.
- Ausencia de liderazgo y de gestión eficiente del Ministerio de Sanidad en gobiernos anteriores.
- El Sistema Nacional de Salud no funciona como uno, sino como una agregación de 17 sistemas autonómicos al que le hace falta coordinación.
- Falta de orientación del modelo hacia las necesidades cambiantes de los pacientes crónicos y las enfermedades más prevalentes en la sociedad.
- Escasa evaluación de las actividades desarrolladas en el sistema sanitario.
Sin embargo, a pesar de la multitud de normas elaboradas durante los últimos años para asegurar una sanidad estable y desarrollada, la Subcomisión quiso destacar la importancia de llegar a “un gran acuerdo” entre todos los actores, tanto del sistema político-legislativo como del sector:partidos políticos, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes e industria relacionada con el sector sanitario. En opinión de la Subcomisión, éste sería un pacto necesario para reformar el SNS español, frente a los cambios necesarios que tarde o temprano el decisor público deberá poner en marcha.
Por esta razón, la Subcomisión incluyó en su Informe final un total de 28 recomendaciones con las que se pretende renovar y poner al día el SNS para mejorar su situación actual y favorecer un futuro estable. Entre ellas cabe destacar:
- La consolidación, el desarrollo, la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud mediante un Pacto de Estado.
- Preservar la universalidad en el acceso de los ciudadanos a la sanidad pública.
- Garantizar, tal y como establece la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, la naturaleza pública de la financiación del Sistema Nacional de Salud y la calidad asistencial necesaria, asegurando el respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos.
- Definir un nuevo modelo de financiación estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria, y coherente con la cohesión territorial, la igualdad y la equidad en el acceso a las prestaciones.
- Garantizar el pago a proveedores, y contar con la Sanidad como un aportador en positivo a la balanza económica del país, que además genera puestos de trabajo de calidad.
- Desarrollar la Ley 31/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública para potenciar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, haciendo que el paciente, en torno al cual han de desarrollarse todas las políticas en el sistema sanitario, se implique activamente en su autocuidado desde la infancia. Apostar por la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, así como en los problemas relacionados con la obesidad, las adicciones y la salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
- Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario desde el trabajo conjunto de los organismos públicos de investigación, las universidades y la iniciativa privada
- Desarrollar, con el conjunto de las Comunidades Autónomas, un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones sobre el que tomar decisiones en base a criterios de evidencia científica para definir la cobertura asistencial. En este sentido, hay que desarrollar la estructura y el trabajo desempeñado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, con una orientación similar a la del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico.
- Impulsar la extensión y la interoperabilidad en todo el sistema sanitario de la tarjeta sanitaria individual, la receta y la historia clínica electrónicas.
- Mejorar los espacios de colaboración y de participación de los pacientes y de sus asociaciones, así como de los agentes sociales del sector en la orientación y prioridades del sistema sanitario. Se propone, además, definir junto a todos ellos las nuevas estrategias de salud conjuntas entre los distintos servicios autonómicos de salud.
Tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Informe queda ahora pendiente de su aprobación y ratificación definitiva por parte del Pleno del Congreso de los Diputados. A pesar de ello, y en aras de dar continuidad a los trabajos iniciados, el Informe propone la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado por la Sanidad en el Congreso. Su función será la de convocar periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y el alcance de los acuerdos elaborados para fortalecer el derecho a la protección de la salud y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en España. Todo ello para que el trabajo realizado por la Subcomisión durante estos dos largos años y las recomendaciones realizadas no caigan en saco roto.
Fotografía obtenida de la página web del Congreso.
